En un contexto de escasez, donde se estima que la población urbana a nivel mundial será del 66% para el año 2050, el proceso de urbanización de la pobreza se convertirá en uno de los retos más relevantes del siglo XXI. En América Latina, 113 millones de personas viven en asentamientos auto producidos y en Argentina, según la última actualización del Registro Nacional de Barrios Populares, cinco millones de personas habitan los 5.687 barrios populares del país. El objetivo de este artículo es analizar en qué medida las políticas públicas contribuyen o no a promover la justicia socioespacial, según la teoría crítica de Nancy Fraser, en los barrios populares coproducidos sobre la cuenca hidrográfica Matanza Riachuelo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los años 2016 y 2019. Los resultados muestran que, en la mayoría de los casos, las familias residentes en estos barrios son quienes más han trabajado por promover la justicia socioespacial. Sin embargo, estos esfuerzos no sólo no son reconocidos por la administración pública, sino que además se impide su representación en los espacios de toma de decisiones, así como se impiden las prácticas y políticas redistributivas.
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